- Diego Montaña: Declarado culpable como coautor del asesinato con alevosía y agravante de discriminación por orientación sexual.
- Alejandro Freire («Yumba»): Coautor, condenado por su papel en inmovilizar a Samuel y participar activamente en la agresión.
- Cayo Amaral: Coautor y culpable de robo con violencia, aunque intentó minimizar su participación alegando que solo sustrajo el móvil de Samuel.
- Alejandro Míguez: Declarado cómplice por impedir la defensa y huida de Samuel.
- Catarina Silva: Absuelta por unanimidad, pese a la controversia sobre su intervención en los hechos.
El jurado interpretó que Silva intentó frenar la agresión, mientras que el testimonio de Lina, amiga de Samuel, sostenía lo contrario. La fiscalía no presentó pruebas concluyentes contra ella, lo que facilitó su absolución.
Los acusados enfrentan penas que oscilan entre los 7 y 27 años, dependiendo de su grado de responsabilidad. La fiscalía busca sentencias ejemplares, especialmente en el caso de Montaña, cuya condena podría superar los 20 años debido al agravante de odio. Por su parte, las defensas argumentan la falta de pruebas directas y la influencia de la presión mediática en el juicio.
Las declaraciones finales de los acusados, en particular la actitud de Míguez y Silva, también influyeron en el jurado. Míguez fue percibido como frío y calculador, mientras que Silva mostró una postura empática que pudo inclinar la balanza a su favor.
El caso ha reabierto el debate sobre el sistema de jurados populares en España. La Ley del Jurado, vigente desde 1995, establece que cualquier ciudadano puede formar parte de un jurado, pero carece de formación jurídica para valorar pruebas y aplicar conceptos legales como el «animus necandi» (intención de matar). Psicólogos forenses han identificado patrones en los jurados: los empáticos, como en este caso, suelen favorecer la inocencia en casos sin pruebas concluyentes.
El programa Caso a Juicio resaltó que la ausencia de formación básica en derecho y el impacto psicológico de ver imágenes violentas pueden afectar la imparcialidad de los jurados. Andrea Fachado sugirió implementar una formación breve pero obligatoria para candidatos a jurados, así como actualizar la normativa para incluir nuevas tipificaciones de delitos.
