La Xunta de Galicia ha dado luz verde a la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, convirtiéndose así en el segundo municipio gallego en obtener esta consideración tras A Coruña. La decisión llega después de que el ayuntamiento compostelano remitiera en dos ocasiones la solicitud al Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Líder Redacción
24 de abril de 2026 a las 13:20
La resolución, firmada por la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, concluye que se cumplen las condiciones fijadas en la normativa estatal. Entre ellas, que el gasto medio destinado a vivienda —ya sea alquiler o hipoteca— supera el 30% de los ingresos de los hogares, y que los precios han aumentado en los últimos cinco años por encima del índice de precios al consumo autonómico.
El documento se ampara en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y determina de forma explícita que existen motivos suficientes para aplicar esta figura en la capital gallega. Además, introduce un matiz relevante: en Santiago se considerará “gran tenedor” a quien posea cinco o más viviendas residenciales en el municipio, un umbral más bajo que el contemplado con carácter general. Quedan fuera de esta categoría las administraciones públicas.
La declaración abre la puerta a intervenir en el mercado del alquiler. Entre otras medidas, permitirá fijar límites a los precios en ciertos casos, especialmente en viviendas que no hayan sido alquiladas en los últimos cinco años.
La medida entrará en vigor tras su publicación en el BOE y tendrá una duración inicial de tres años. Durante ese tiempo, el Concello deberá diseñar en un plazo máximo de dos meses un plan específico para corregir los desequilibrios detectados, acompañado de un calendario de ejecución.
Aunque la Xunta ha aprobado la solicitud al constatar que cumple los requisitos legales, desde la Consellería de Vivenda mantienen dudas sobre su eficacia. Como referencia, apuntan a la experiencia de A Coruña, donde aseguran que el número de contratos de alquiler se redujo en torno a 300 en apenas cinco meses tras la aplicación de esta figura.
Con este nuevo escenario, Santiago se suma al reducido grupo de ciudades españolas donde se aplican mecanismos de control en el mercado del alquiler, en un contexto de creciente presión sobre los precios de la vivienda.
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