Representantes de la Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago mantuvieron un encuentro con la alcaldesa y con las concejalas María Rozas, Pilar Lueiro y Xan Duro, además de responsables de la Policía Local y de la Policía Nacional, para trasladar su preocupación por lo que consideran una respuesta insuficiente ante el aumento del tráfico de drogas en la ciudad.
Líder Redacción
27 de febrero de 2026 a las 10:03
Archivo
Durante la reunión, y tras los contactos previos con el subdelegado del Gobierno y mandos policiales, las entidades vecinales alertaron de la venta de estupefacientes a menores en las inmediaciones de centros educativos, una situación denunciada especialmente por el colectivo de Angrois junto a colegios de Lamas de Abade. También señalaron la existencia de pisos utilizados para la distribución de droga, donde coinciden residentes con menores y mujeres en espacios comunes como portales y ascensores, generándose en algunos casos amenazas, peleas e incluso intentos de incendio.
Entre los puntos mencionados figuran Algalia de Abaixo, donde hablan de inmuebles ocupados por personas con adicciones que trafican para sostener su consumo, y la reaparición de venta en el entorno del Banco do Pobre, con incidencia en el área del Hospital Clínico, donde —según denuncian— los consumidores actúan con total impunidad.
Asimismo, advirtieron de la venta de droga en los baños de algunas discotecas y relacionaron el consumo de alcohol y sustancias con los horarios ampliados del ocio nocturno. En este contexto, describieron episodios conflictivos en zonas como Santiago de Chile —donde, aseguran, hay taxis que evitan prestar servicio nocturno—, República Arxentina, Xelmírez, así como consumo de alcohol en la vía pública en la Praza Roxa y la rúa do Vilar.
Entre sus propuestas, pidieron la creación de una oficina municipal, en colaboración con el Colegio de Abogados, para asesorar a comunidades de propietarios afectadas por viviendas donde se trafique con drogas o se ejerza la prostitución. También reclamaron un plan integral contra las drogas y las adicciones, tras la transferencia de la UMAD al Sergas, y mayor transparencia sobre el número de denuncias interpuestas por la Policía Local en materia de control del ocio nocturno.
Además, plantearon adelantar dos horas el horario de cierre de los locales de hostelería —siguiendo el ejemplo de otras ciudades gallegas— y reforzar la instalación de cámaras de videovigilancia operativas en puntos considerados conflictivos.
Según indicaron, la alcaldesa se comprometió a promover una reunión con el delegado del Gobierno y la Policía Nacional, así como a contactar con el juez decano y la Fiscalía, con el objetivo de coordinar medidas que permitan reforzar la lucha contra el narcotráfico y mejorar la seguridad en los barrios.
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