Policías Nacionales denuncian en Santiago el abandono de Interior ante la subida de la criminalidad

• Los agentes denuncian que carecen de medios legislativos reales ante las agresiones que padecen y que tienen que ver como aún por encima el partido que Gobierna vota en contra en el Parlamento Europeo de que agredir a un policía sea un eurodelito y todos los policías, sin distinción, tengan la consideración de profesión de riesgo

En abril de 2024 la Confederación Española de Policía declaró el Conflicto Colectivo al Ministerio del Interior, estaban hartos y cansados de que el ministro despreciara las legítimas reivindicaciones de los policías nacionales y guardias civiles, negándoles una jubilación digna que si le facilitan a policías autonómicas como las catalanas y vascas, lo que provoca que después de toda una vida protegiendo a la de los demás los policías “se vayan para su casa perdiendo cientos de euros mensuales en su sueldo”.

Denuncian que les niegan ser profesión de riesgo, negándoles una jubilación anticipada con una pensión reforzada y no ser menos que otros muchos colectivos que si tienen esa consideración como es el caso de las policías autonómicas gobernadas por gobiernos independentistas.

“Nos niegan la equiparación salarial, de tal forma que seguimos cobrando menos que las policías locales y autonómicas” remarcan desde la CEP y añaden, “y nos niegan mayor protección física y jurídica ante el aumento de agresiones a policías, que el año pasado alcanzó la cifra histórica de más de 1.400 ataques mensuales a compañeros, y aun así vemos atónitos como el Partido Socialista vota en el Parlamento Europeo en contra de la iniciativa de CEP y AEGC de que agredir a un policía sea un eurodelito y que todos los policías europeos, sin distinción, tengan la consideración de profesión de riesgo, y si eso no fuera suficiente, vemos como Interior regala competencias estatales a la policía vasca y catalana”.

 Indican que sufren el hecho de llevar más de 20 años sin que se les haya actualizado sus dietas, lo que significa que en muchos viajes por trabajo tengan que poner dinero de su bolsillo, pudiendo ver como perpetúan un sistema de condecoraciones y reconocimientos tan corrompido que mientras a un subinspector fallecido le dan una cruz con distintivo rojo a determinados mandos escogidos les regalan una medalla de plata con mucha mayor pensión económica.

Por todo ello y frente a todos estos escándalos en este sindicato hemos dicho basta, no consideramos que Marlaska sea un interlocutor válido ya que no defiende los derechos y

trabajo de los policías, y sólo le queda una salida, su dimisión, y seguiremos luchando frente a un ministerio que pasa y se olvida de los policías, y entienda que su cargo no es un regalo o una prebenda, sino, una responsabilidad.

El abandono de la Policía Nacional en Galicia es más que evidente, ya que nuestras comisarías carecen del personal policial necesario para luchar de tu a tu contra la creciente delincuencia especializada, y Santiago de Compostela no es ajeno a este hecho, donde debería haber más agentes en las calles para prevenir el delito y aumentar el personal en los grupos de investigación para que puedan repeler y llevar ante la justicia a sus autores.

Siguen considerando a Santiago de Compostela como una ciudad pequeña, negándoles la consideración que merece y una dotación policial que le correspondería como gran receptora de turismo y estudiantes que hacen de ella una ciudad compleja, si bien, asistimos perplejos en los últimos años a una lluvia de millones del Gobierno central destinados a la financiación de las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra, con una inversión nunca antes vista que alcanza ya los 1.512 millones de euros en los últimos seis años, según los datos oficiales de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y noviembre de 2024, y a como se le autorizaba a Cataluña incrementar sus efectivos hasta los 25.000 agentes, agentes que son pagados por el conjunto de la sociedad española, lo que contrasta con la situación de la Policía Nacional y Guardia Civil en Galicia